Informe de 2017 sobre derechos humanos de Burkino Faso, abril de 2018 - Historia

Informe de 2017 sobre derechos humanos de Burkino Faso, abril de 2018 - Historia


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Violación y violencia doméstica: En 2015 el gobierno aprobó la Ley de Prevención y Represión de la Violencia contra Mujeres y Niñas y Apoyo a las Víctimas. La condena por violación se castiga con penas de prisión de cinco a diez años, pero la ley de 2015 incluye multas de 100.000 a 500.000 francos CFA (183 a 919 dólares). Según las ONG de derechos humanos, las violaciones ocurren con frecuencia. Aunque las autoridades procesaron casos de violación durante el año, no se disponía de estadísticas sobre el número de casos denunciados o procesados.

La violencia doméstica contra la mujer ocurrió con frecuencia, principalmente en áreas rurales. Por ejemplo, un hombre violó a una niña de 14 años el 31 de julio en Bittou, Región Centro-Este. Los medios locales informaron que la niña fue llevada a un centro de salud para un examen médico y el perpetrador fue liberado luego de su arresto por la policía local.

Las víctimas rara vez entablaban acciones legales debido a la vergüenza, el miedo o la renuencia a llevar a sus cónyuges a los tribunales. Para los pocos casos que llegaron a los tribunales, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Promoción Cívica no pudo proporcionar estadísticas sobre enjuiciamientos, condenas o castigos. En 2015, se creó un refugio para mujeres y niñas que fueron víctimas de violencia de género y recibió a las víctimas independientemente de su nacionalidad. En Uagadugú, el Ministerio de la Mujer, la Solidaridad Nacional y la Familia ayudó a las víctimas de la violencia doméstica en cuatro centros. En ocasiones, el ministerio proporcionó asesoramiento y alojamiento a mujeres maltratadas.

El ministerio tiene una sección de asuntos legales para educar a las mujeres sobre sus derechos, y varias ONG cooperaron para proteger los derechos de las mujeres. Para concienciar sobre la discriminación de género y reducir las desigualdades de género, el ministerio organizó numerosos talleres y varias campañas de concienciación, principalmente en las Regiones Norte, Sahel, Este y Centro-Oeste.

La ley hace que la condena por “secuestro para imponer matrimonio o unión sin consentimiento” sea punible con seis meses a cinco años de cárcel. La condena por abuso sexual o tortura o la condena por esclavitud sexual se castiga con dos a cinco años de prisión. La condena por los abusos anteriores también puede conllevar multas de 500.000 a un millón de francos CFA (de $ 919 a $ 1.838).

La ley exige que la policía brinde protección a la víctima y sus hijos menores y ordena el establecimiento de salas en el Tribunal Superior con jurisdicción exclusiva sobre los casos de violencia contra mujeres y niñas. La ley exige que todas las unidades de policía y gendarmería designen agentes para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia, o las amenazadas por la violencia, y para responder a las emergencias; sin embargo, algunas unidades no habían cumplido al finalizar el año. También ordena la creación de centros de atención y protección en cada comuna para mujeres víctimas de violencia y un fondo de apoyo del gobierno para su atención. Los centros reciben a las víctimas de manera urgente, les ofrecen seguridad, brindan servicios de apoyo (incluido el apoyo médico y psicosocial) y, cuando es posible, remiten a las víctimas a los tribunales.

Mutilación / ablación genital femenina (FGM / C): La ley prohíbe la mutilación / ablación genital femenina, pero se practicaba ampliamente en las zonas rurales y a una edad temprana. Los perpetradores, si son declarados culpables, están sujetos a una multa de 150.000 a 900.000 francos CFA ($ 278 a $ 1.654) y una pena de prisión de seis meses a tres años, o hasta 10 años si la víctima muere.

Fuerzas de seguridad y trabajadoras sociales del Ministerio de la Mujer, Solidaridad Nacional y Familia detuvieron a cuatro perpetradores en Orodara, Bobo Dioulasso, Tenkodogo y Leo entre el 4 de enero y el 16 de febrero. Dos de ellos fueron juzgados y condenados, uno se encontraba en espera de juicio del 5 de septiembre, y uno estaba prófugo. Veintinueve cómplices también fueron condenados a pagar multas o suspendidas. De los 49 casos de A / MGF registrados durante el año, solo hubo un caso en el que la víctima tenía más de 30 años. Para los casos restantes, la edad de las víctimas oscila entre los 30 meses y los 15 años.

Por ejemplo, en abril, una mujer de 89 años de la provincia de Sissili, descrita como practicante profesional de la mutilación / ablación genital femenina, fue condenada en audiencia pública a 12 meses de prisión y una multa de 500.000 francos CFA (920 dólares). Fue acusada de realizar FGM / C a su nieta de seis años el 21 de febrero.

El gobierno también integró la prevención de la A / MGF en los servicios prenatales, neonatales y de inmunización en el 35 por ciento de las instalaciones de salud pública. Las medidas gubernamentales adoptadas durante el año para combatir la A / MGF incluyeron: el establecimiento de tribunales móviles en la provincia de Tuy para juzgar a las personas acusadas de A / MGF; creación de una página de Facebook de educación pública; distribución a centros de salud públicos y privados de 322 botiquines de tratamiento; capacitar a 164 funcionarios del Ministerio de Educación y Alfabetización para poner fin a la mutilación / ablación genital femenina; el establecimiento de cinco redes sociales de escuelas secundarias para abordar la mutilación / ablación genital femenina en las provincias de Houet, Kadiogo y Sanmatenga; y la celebración de un día internacional de "tolerancia cero para la mutilación / ablación genital femenina". El Ministerio de la Mujer, Solidaridad Nacional y Familia realizó 3.016 actividades de sensibilización, incluidas campañas de educación y comunicación para la población local en áreas rurales, líderes tradicionales y representantes electos locales. Aproximadamente 107,350 personas se beneficiaron de estas actividades.

El ministerio también capacitó a 60 agentes de policía y 60 gendarmes en los esfuerzos por prevenir la mutilación / ablación genital femenina.

Para obtener más información, consulte data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-cutting-country-profiles/.

Otras prácticas tradicionales nocivas: La ley hace que la condena por abuso físico o moral de mujeres o niñas acusadas de brujería sea punible con uno a cinco años de prisión y / o una multa de 300.000 a 1,5 millones de francos CFA (551 a 2.757 dólares). Las mujeres de edad avanzada, y con menos frecuencia los hombres, sin apoyo, que vivían principalmente en zonas rurales y, en el caso de las mujeres, a menudo enviudaban, fueron a veces acusadas de brujería por sus vecinos y posteriormente expulsadas de sus aldeas, golpeadas o asesinadas. Las acciones tomadas por el gobierno para proteger a las personas mayores acusadas de brujería incluyeron el apoyo financiero y la organización de un evento de promoción del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, El valor moral del ser humano: responsabilidad de las comunidades en la lucha contra la exclusión social de las mujeres.

Acoso sexual: La ley establece sentencias de tres meses a un año de prisión y una multa de 300.000 a 500.000 francos CFA ($ 551 a $ 919) por condena por acoso sexual; la pena máxima se aplica si el agresor es un familiar, en una posición de autoridad o si la víctima es "vulnerable". El gobierno fue ineficaz en hacer cumplir la ley.

Coerción en el control de la población: No hubo informes de aborto forzado, esterilización involuntaria u otros métodos coercitivos de control de la población. Las estimaciones sobre la mortalidad materna y la prevalencia de anticonceptivos están disponibles en: www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/.

Discriminación: Aunque la ley generalmente otorga el mismo estatus legal y los mismos derechos a las mujeres que a los hombres, incluso bajo las leyes de familia, trabajo, propiedad y herencia, la discriminación ocurrió con frecuencia. Las leyes laborales establecen que todos los trabajadores, hombres y mujeres por igual, deben recibir el mismo salario por las mismas condiciones de trabajo, calificaciones y desempeño. No obstante, las mujeres generalmente recibían un salario más bajo por el mismo trabajo, tenían menos educación y eran propietarias de menos propiedades.

Si bien la ley establece los mismos derechos de propiedad y herencia para mujeres y hombres, las prácticas de tenencia de la tierra enfatizan los requisitos de tierras familiares y comunales más que los derechos de propiedad individual. Como resultado, las autoridades a menudo negaban a las mujeres el derecho a poseer propiedades, en particular bienes raíces. Muchos ciudadanos, especialmente en las zonas rurales, se adhieren a creencias tradicionales que no reconocen los derechos de herencia de la mujer y consideran a la mujer como una propiedad que puede heredarse tras la muerte de su marido.

El gobierno llevó a cabo campañas en los medios de comunicación para cambiar las actitudes hacia las mujeres. Patrocinó una serie de iniciativas de divulgación comunitaria y campañas de concienciación para promover los derechos de la mujer.


Economía de Burkina Faso

los economía de Burkina Faso se basa principalmente en la agricultura de subsistencia y la ganadería. [17] Burkina Faso tiene un ingreso medio de paridad de poder adquisitivo per cápita de $ 1900 y nominal per cápita de $ 790 en 2014. Más del 80% de la población depende de la agricultura de subsistencia, y solo una pequeña fracción participa directamente en la industria y los servicios. . Las precipitaciones muy variables, los suelos pobres, la falta de comunicaciones y otra infraestructura adecuadas, una baja tasa de alfabetización y una economía estancada son problemas de larga data en este país sin litoral. La economía de exportación también siguió estando sujeta a las fluctuaciones de los precios mundiales.

  • $ 14.593 mil millones (nominal, est. De 2019) [4]
  • $ 42.222 mil millones (PPA, estimación de 2019) [4]
  • $ 718 (nominal, 2019 est.) [4]
  • $ 2077 (PPA, estimación de 2019) [4]
  • 0.434 bajo (2018) [9] (182 °)
  • 0.303 IHDI (2018) [10]
  • 7,474,581 (2019) [11]
  • una gran parte de la fuerza laboral masculina migra anualmente a los países vecinos en busca de empleo estacional
  • Tasa de empleo del 61,4% (2014) [12]
  • Benin 25,9%
  • Togo 12%
  • Japón 5,7%
  • Tailandia 5,6%
  • Turquía 5,1%
  • Costa de Marfil 4,9%
  • Ghana 4,6%
  • (2013 est.) [14]
  • Costa de Marfil 18,9%
  • Pakistán 18,1%
  • Ghana 4,5%
  • India 4,3%
  • China 4,3%
  • Togo 4,2%
  • (2013 est.) [15]

El país tiene una alta densidad de población, pocos recursos naturales y un suelo frágil. La industria sigue estando dominada por corporaciones controladas por el gobierno que no son rentables. Tras la devaluación de la moneda del franco africano en enero de 1994, el gobierno actualizó su programa de desarrollo junto con los organismos internacionales, y las exportaciones y el crecimiento económico han aumentado. El mantenimiento de su progreso macroeconómico depende de una inflación baja y constante, la reducción del déficit comercial y reformas diseñadas para alentar la inversión privada.

El sistema financiero de Burkina Faso representa el 30% del PIB del país y está dominado por el sector bancario, que representa el 90% de los activos totales del sistema financiero. En el país operan once bancos y cinco instituciones financieras no bancarias.

El sector bancario está muy concentrado, y los tres bancos más grandes poseen casi el 60% de los activos totales del sector financiero. En general, los bancos están adecuadamente capitalizados, pero siguen siendo vulnerables debido a su sobreexposición al sector del algodón, cuyos precios están sujetos a oscilaciones significativas.

Un informe de diciembre de 2018 del Banco Mundial indica que el algodón se había convertido en el cultivo comercial más importante, mientras que las exportaciones de oro estaban aumentando en los últimos años. En 2017, el crecimiento económico aumentó a 6.4% en 2017 (frente a 5.9% en 2016) principalmente debido a la producción de oro y al aumento de la inversión en infraestructura. El aumento del consumo vinculado al crecimiento de la masa salarial también apoyó el crecimiento económico. La inflación se mantuvo baja, 0,4% ese año, pero el déficit público creció a 7,7% del PIB (frente a 3,5% en 2016). El gobierno continuaba recibiendo ayuda financiera y préstamos para financiar la deuda. Para financiar el déficit público, el Gobierno combinó ayudas en condiciones favorables y empréstitos en el mercado regional. El Banco Mundial dijo que las perspectivas económicas siguen siendo favorables en el corto y mediano plazo, aunque eso podría verse afectado negativamente. Los riesgos incluían altos precios del petróleo (importaciones), precios más bajos del oro y del algodón (exportaciones), así como amenazas terroristas y huelgas laborales. [18]


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Violaciones de los derechos humanos en salud

Las violaciones o la falta de atención a los derechos humanos pueden tener graves consecuencias para la salud. La discriminación abierta o implícita en la prestación de servicios de salud, tanto dentro del personal sanitario como entre los trabajadores de la salud y los usuarios de los servicios, actúa como una barrera poderosa para los servicios de salud y contribuye a una atención de mala calidad.

La mala salud mental a menudo conduce a la negación de la dignidad y la autonomía, incluido el tratamiento forzado o la institucionalización, y el desconocimiento de la capacidad jurídica individual para tomar decisiones. Paradójicamente, la salud mental todavía recibe una atención inadecuada en la salud pública, a pesar de los altos niveles de violencia, pobreza y exclusión social que contribuyen a peores resultados de salud mental y física para las personas con trastornos de salud mental.

Las violaciones de los derechos humanos no solo contribuyen y agravan la mala salud, sino que para muchas personas, incluidas las personas con discapacidad, las poblaciones indígenas, las mujeres que viven con el VIH, las trabajadoras sexuales, las personas que consumen drogas, las personas transgénero e intersexuales, el entorno de atención de la salud presenta un riesgo de una mayor exposición a los abusos de los derechos humanos y ndash, incluidos los tratamientos y procedimientos coercitivos o forzados.


Uso excesivo de la fuerza

Según los informes, la policía mató con armas de fuego al menos a 1.000 personas. Los limitados datos públicos disponibles sugieren que los negros se ven afectados de manera desproporcionada por el uso policial de la fuerza letal. El programa del gobierno de los Estados Unidos para rastrear cuántas muertes de este tipo ocurren anualmente no se implementó por completo. Ninguna ley estatal que gobierne el uso de fuerza letal por parte de la policía, donde existan tales leyes, cumpla con las leyes y estándares internacionales con respecto al uso de fuerza letal por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 2


1 Declive global del estado de derecho a medida que disminuyen los derechos humanos básicos

Una encuesta de 2018 realizada en respuesta a las preocupaciones mundiales sobre el aumento del autoritarismo y el nacionalismo muestra una disminución importante en las naciones que se adhieren a los derechos humanos básicos. Como el guardián informó, el "Índice de Estado de Derecho 2017-2018" del Proyecto de Justicia Mundial (WJP) examinó los sistemas legales de todo el mundo al documentar las experiencias de 110.000 hogares y 3.000 expertos y comparar los datos con los resultados de años anteriores. El índice del WJP tabuló estos resultados para calcular puntajes en ocho categorías diferentes, incluidas las limitaciones en los poderes del gobierno, la ausencia de corrupción, el gobierno abierto, la aplicación de las regulaciones y la justicia civil, proporcionando una descripción general de los cambios en el estado de derecho desde que se publicó el índice anterior. en octubre de 2016.

Al resumir los hallazgos del WJP, el guardiánEl informe citó a Samuel Moyn, profesor de derecho e historia en la Universidad de Yale: “Todos los indicios apuntan a una crisis no solo para los derechos humanos, sino también para el movimiento de derechos humanos. Dentro de muchas naciones, estos derechos fundamentales están siendo víctimas de la reacción violenta contra una economía globalizada en la que los ricos están ganando ".

Desde 2016, cuando se publicó el anterior Índice de Estado de Derecho de WJP, los puntajes generales del estado de derecho disminuyeron en 38 países, con las mayores disminuciones ocurridas en la categoría de derechos fundamentales, que mide la ausencia de discriminación, el derecho a la vida y la seguridad, el debido proceso. , libertad de expresión y religión, derecho a la privacidad, libertad de asociación y derechos laborales. De 2016 a 2018, 71 países de 113 cayeron en esta categoría. Las restricciones a los poderes del gobierno, que mide el grado en que los gobernantes están sujetos a la ley, sufrieron las segundas mayores disminuciones (64 países de 113 abandonados).

Filipinas experimentó el mayor declive en el estado de derecho en general, cayendo 18 puestos hasta el puesto 88 de 113 países en general, debido a caídas significativas en las restricciones sobre los poderes gubernamentales, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad y la justicia penal. Como el guardián informó, "La administración del presidente Rodrigo Duterte ha ejercido una 'tensión palpable sobre las instituciones compensatorias establecidas de la sociedad', según José Luis Martín Gascón, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas". Gascón describió un "efecto escalofriante" en la oposición del país después de los ataques a figuras públicas que habían criticado las políticas de Duterte.

Tres países (Burkina Faso, Kazajstán y Sri Lanka) mejoraron en la clasificación general del estado de derecho desde 2016 en nueve posiciones, según el informe del WJP.

los guardián señaló que Estados Unidos ocupaba el puesto 19 de los 35 países clasificados como de "ingresos altos" en el informe. En la categoría de derechos fundamentales, Estados Unidos cayó cinco lugares hasta el 26 en general como resultado del "empeoramiento de los niveles de discriminación y el debido proceso legal, además de la disminución de las garantías del derecho a la vida".

El índice de estado de derecho 2017-2018 del WJP recibió escasa atención por parte de los medios corporativos de EE. UU. La única cobertura parece haber sido un artículo de enero de 2018 en Newsweek, que se basó en Bordell y Robins guardián artículo.


Derechos humanos

Queremos reconocer, respetar y promover los derechos del niño. Estos incluyen el derecho a ser tratado de manera justa, a ser escuchado y a estar lo más saludable posible.

Nuestra visión es una Escocia donde los derechos humanos de los niños estén integrados en todos los aspectos de la sociedad. Una Escocia donde la adopción de políticas, leyes y decisiones tenga en cuenta los derechos del niño y donde todos los niños tengan voz y estén empoderados para ser defensores de los derechos humanos.

Los padres, los gobiernos y las organizaciones locales y nacionales que trabajan con los niños y las familias pueden ayudar a los niños a experimentar sus derechos.

Estamos tomando medidas para garantizar que los niños disfruten de sus derechos, como se establece en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC).

  • Implementar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño e incorporarla a la legislación escocesa.
  • un plan de acción para ayudar a los niños y jóvenes a experimentar sus derechos
  • utilizar la Evaluación de impacto sobre los derechos y el bienestar del niño (CRWIA) para garantizar que nuestras políticas y legislación protejan y promuevan los derechos y el bienestar de los niños y los jóvenes
  • informar sobre nuestro progreso al parlamento

Los derechos del niño durante la pandemia de COVID-19

Los derechos y el bienestar de los niños son ahora más importantes que nunca. Se está incorporando un enfoque de derechos del niño en nuestra respuesta al COVID-19 y nuestro enfoque de recuperación y renovación. Continuamos revisando los impactos de nuestra respuesta a COVID-19, a través de la preparación de Evaluaciones de Impacto en el Bienestar y los Derechos del Niño (CRWIA) para políticas y legislación clave.

También estamos considerando las 11 áreas recomendadas por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU para que los gobiernos se concentren al considerar los derechos de los niños en relación con la pandemia. Hemos elaborado informes periódicos para Together (Alianza Escocesa por los Derechos del Niño) sobre las medidas que se están tomando en relación con estas recomendaciones y nos hemos comprometido a proporcionar más actualizaciones. Los últimos informes se pueden encontrar aquí:

La UNCRC

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) es el "estándar de oro" mundial para los derechos del niño y establece los derechos fundamentales de todos los niños. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el tratado de derechos humanos más ampliamente ratificado en el mundo y establece los derechos específicos que todos los niños tienen para ayudar a desarrollar su potencial, incluidos los derechos relacionados con la salud y la educación, el ocio y el juego, el trato justo y equitativo, la protección contra la explotación y el derecho a ser escuchado. El Reino Unido ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en 1991.

Ya utilizamos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño como marco para asegurarnos de que consideramos los derechos del niño cada vez que tomamos decisiones, y para ayudar a brindar a cada niño un buen comienzo en la vida y una infancia segura, saludable y feliz. Constituye la base de nuestro enfoque nacional para apoyar a los niños, llamado "Hacer las cosas bien para todos los niños" (GIRFEC).

El proyecto de ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Incorporación) (Escocia)

Escocia se convertirá en el primer país del Reino Unido en incorporar directamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) en la legislación nacional.

El proyecto de ley de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (Incorporación) (Escocia) se presentó al Parlamento de Escocia en septiembre de 2020. El 16 de marzo de 2021, los MSP votaron por unanimidad para que el proyecto de ley se convierta en ley, lo que significa que las autoridades públicas deberán cumplir con Derechos de los niños. El proyecto de ley comenzará seis meses después de Royal Assent.

El proyecto de ley UNCRC (Incorporación) (Escocia) hará que sea ilegal que las autoridades públicas actúen de manera incompatible con los requisitos incorporados de la UNCRC, dando a los niños, jóvenes y sus representantes el poder de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos.

  • incorpora directamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en la medida de lo posible dentro de los poderes del Parlamento escocés
  • hace que sea ilegal que las autoridades públicas actúen de manera incompatible con los requisitos incorporados de la CNUDN
  • otorga poder al Comisionado de la Infancia para emprender acciones legales en relación con los derechos del niño
  • requiere que los ministros elaboren un plan de derechos del niño que establezca cómo cumplen con los derechos del niño y que presenten informes anualmente
  • Requiere que las autoridades públicas enumeradas informen cada tres años sobre cómo cumplen con los derechos del niño.

El proyecto de ley también permite la incorporación de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño que actualmente están más allá de los poderes del Parlamento de Escocia, en caso de que estos poderes cambien en el futuro.

El proyecto de ley revolucionará la forma en que escuchamos a los niños y tomamos en cuenta sus derechos. Al incorporar directamente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a la ley escocesa, y en la mayor medida posible bajo los poderes actuales del Parlamento, los derechos del niño significarán que los niños y los jóvenes se involucrarán en las decisiones que afectan sus vidas y que los derechos del niño siempre sean respetados, protegidos y cumplido por las autoridades públicas. Cuando sea necesario, los niños podrán acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. El proyecto de ley es un paso significativo hacia un futuro basado en la tolerancia, la igualdad, los valores compartidos y el respeto por el valor y la dignidad humana de todas las personas.

El enfoque que adopta el proyecto de ley es "maximalista". Esto significa que el proyecto de ley incorpora plena y directamente los derechos y obligaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el primer y segundo protocolos facultativos en la medida de lo posible dentro de las competencias del Parlamento escocés.

Los derechos y obligaciones que se van incorporando se establecen en el cronograma del proyecto de ley. No es posible incorporar los elementos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y el primer y segundo protocolos facultativos que se relacionan con asuntos reservados, ya que esto estaría fuera del poder del Parlamento escocés. Por esta razón, hay algunas palabras o partes de artículos que el proyecto de ley no incorpora. Se encuentra disponible una versión de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y los protocolos opcionales que muestran todas las palabras que han sido "extraídas".

En el sitio web del Parlamento de Escocia se pueden encontrar más detalles sobre todas las medidas previstas en el proyecto de ley y los documentos que lo acompañan.

Puede encontrar información adicional sobre el proyecto de ley, incluido un borrador de la Evaluación del impacto sobre los derechos y el bienestar del niño y un breve folleto que resume el proyecto de ley aquí:

Consulta y compromiso

Hemos consultado sobre la mejor manera de incorporar la CDN en el contexto de la ley escocesa, los servicios públicos y los poderes del Parlamento escocés. La consulta cubrió tres temas:

  • Mecanismos legales para incorporar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en la legislación nacional.
  • incorporar los derechos del niño en los servicios públicos y
  • permitiendo compatibilidad y remedios.

Los temas discutidos en la consulta fueron utilizados como marco clave por el Grupo de Trabajo sobre la Incorporación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en el Derecho Nacional en Escocia, que fue convocado por el gobierno escocés para informar el desarrollo de políticas para el proyecto de ley.

Involucrar a niños y jóvenes

Reunión anual del gabinete

En 2017, presentamos una reunión anual del gabinete con representantes del Parlamento Infantil y del Parlamento Juvenil de Escocia, que les permite plantear y acordar acciones sobre los temas que más importan a los niños y jóvenes. Esto ha incluido relaciones, intimidación, igualdad, dispositivos contra mosquitos, pobreza de época, UNCRC y Brexit.

Publicamos informes de progreso:

El Primer Ministro realizó un turno de preguntas sobre FM en 2018 y 2019 con niños y jóvenes. Los temas planteados han incluido educación, salud mental, vivienda e igualdad. Estos eventos fueron coordinados por YouthLink Scotland y Children in Scotland. El evento de 2019 está disponible en Children in Scotland.

Los derechos de los niños en el empleo, las actuaciones y los deportes

Producimos una serie de orientaciones relacionadas con los derechos del niño.

Evaluación de impacto sobre los derechos y el bienestar del niño (CRWIA)

Diseñamos el enfoque CRWIA para ayudar a los ministros escoceses a cumplir con sus deberes bajo la Parte 1 de la Ley de Niños y Jóvenes (Escocia) de 2014 y en relación con los Artículos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC).

La CRWIA nos ayuda a evaluar si nuestras políticas y legislación harán realidad los derechos del niño y ayudarán a proteger y promover el bienestar de los niños y los jóvenes.

El CRWIA puede realizarse como parte de una evaluación de impacto conjunta (junto con una Evaluación de Impacto de Igualdad, por ejemplo) siempre que:

  • Hay referencias cruzadas de cuestiones relevantes para cada evaluación de impacto.
  • los resultados se publican por separado

Orientación CRWIA

Hemos puesto a disposición de los organismos públicos y de los servicios infantiles el enfoque CRWIA para adaptarlo a su propio uso. Los documentos y plantillas de orientación (actualizados en marzo de 2019) se encuentran a continuación:

Seguimiento de nuestro progreso

Nuestro progreso es monitoreado por el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a través de un ciclo de informes regular, en el que el Reino Unido tiene que presentar un informe al Comité y responder a las cuestiones planteadas. Publicamos nuestra respuesta a la lista de cuestiones del Reino Unido, en marzo de 2016, antes del examen del Estado parte del Reino Unido por parte del Comité de la ONU en mayo de 2016. En julio de 2016, el Comité de la ONU publicó sus recomendaciones para el Reino Unido: las observaciones finales.

A partir del 1 de abril de 2017, todas las autoridades públicas también deben informar cada tres años sobre las medidas que han tomado para implementar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los primeros informes deben presentarse en 2020.

En diciembre de 2018 se publicó el primer informe ministerial y plan de acción al Parlamento de Escocia en virtud de la Parte 1 de la Ley de Niños y Jóvenes (Escocia) de 2014. El informe Progressing the human rights of children Scotland: 2018 presenta los avances realizados en relación con los derechos del niño desde junio de 2015 y el plan de acción Progressing the human rights of children in Scotland: 2018-2021 establece nuestra visión y ambición de ayudar a los niños y los jóvenes experimentan sus derechos.

Ha habido otros dos informes de progreso, que establecen el progreso realizado cada año desde que se tomaron medidas en diciembre de 2018:


Tendencias regionales

Américas: las ganancias y las caídas muestran el valor de la rotación electoral

A pesar del declive de la democracia en todo el mundo en 2017, y el continuo descenso de Venezuela a la dictadura y la crisis humanitaria, la región de las Américas mostró algunos signos de resistencia.

Bajo el nuevo presidente Lenín Moreno, Ecuador se apartó del gobierno personalizado y a menudo represivo de su predecesor, Rafael Correa. Moreno ha aliviado la presión sobre los medios, promovido un mayor compromiso con la sociedad civil, propuesto la restauración de los límites de mandato y apoyado los esfuerzos anticorrupción, incluido un caso contra su propio vicepresidente. Moreno había sido el sucesor elegido por Correa, pero su postura inesperadamente reformista demostró una vez más el potencial de elecciones regulares y transferencias de poder para interrumpir el atrincheramiento autoritario.

Mientras tanto, bajo una nueva administración que asumió el cargo a fines de 2015, los argentinos se beneficiaron de una prensa más libre como parte de la recuperación del país de las tendencias autoritarias de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En Colombia, más ciudadanos podrían disfrutar de los derechos básicos del debido proceso a medida que el gobierno implementó reformas para limitar la prisión preventiva y continuó expandiendo su control territorial en virtud de un acuerdo de paz de 2016 con rebeldes de izquierda.

Sin embargo, los descensos superaron los avances en la región en su conjunto en 2017. En Honduras, después de que un conteo presidencial anticipado favoreciera al candidato de la oposición, una victoria total actualizada tardíamente para el titular, lo que provocó protestas, toques de queda y convocatorias de nuevas elecciones. En Bolivia, la corte constitucional, que había sido elegida mediante un proceso altamente politizado, eliminó los límites de mandato que habrían impedido que el líder en ejercicio, Evo Morales, buscara la reelección. Los votantes rechazaron el levantamiento de los límites de mandato en un referéndum de 2016, y los observadores internacionales calificaron el razonamiento de la corte como una distorsión del derecho de los derechos humanos.

Nicaragua llevó a cabo elecciones municipales profundamente defectuosas que favorecieron al partido del presidente Daniel Ortega, y el gobierno promulgó reformas judiciales que centralizaron aún más la autoridad estatal y transfirieron el poder de los jurados a los jueces. Por otra parte, México fue sacudido por nuevas revelaciones de una extensa vigilancia estatal dirigida a periodistas y activistas de la sociedad civil que amenazaron con exponer la corrupción del gobierno y otras infracciones.

Asia-Pacífico: Fuerzas antidemocráticas en marcha

Los regímenes represivos en Asia continuaron consolidando su poder en 2017, mientras que las comunidades marginadas enfrentaron nuevas y terribles amenazas.

El primer ministro de Camboya, Hun Sen, supervisó una represión decisiva contra la atribulada oposición y el cuerpo de prensa del país mientras su Partido del Pueblo de Camboya se preparaba para las elecciones nacionales de 2018. El politizado Tribunal Supremo disolvió al opositor Partido de Rescate Nacional de Camboya y el líder del partido, Kem Sokha, fue acusado de traición. . En una serie de golpes a la libertad de expresión, las autoridades clausuraron el Diario de Camboya, sacó del aire a varias estaciones de radio y anunció que compartir críticas al gobierno en las redes sociales era un delito.

El liderazgo del Partido Comunista en Beijing ejerció una influencia cada vez mayor en Hong Kong mientras intentaba acabar con el creciente apoyo público a la autodeterminación local. Cuatro legisladores prodemocracia fueron expulsados ​​de la legislatura con el argumento de que sus juramentos en el cargo eran "insinceros", lo que facilitó que las fuerzas pro-gobierno aprobaran importantes cambios legislativos y de reglas. Además, el gobierno obtuvo sentencias más severas contra tres prominentes líderes de la protesta, y la legislatura china anexó una ley que penaliza la falta de respeto al himno nacional, que a menudo es abucheado por los fanáticos del fútbol de Hong Kong, a la Ley Básica del territorio, lo que efectivamente obliga a la legislatura local a redactar una medida de contrapartida.

En Myanmar, la brutal campaña militar de violaciones, mutilaciones y masacres dirigida a la minoría rohingya obligó a más de 600.000 rohingya a huir del país. La crisis, y el fracaso de los líderes civiles para detenerla, subrayó graves fallas en el sistema político híbrido del país, que otorga a los militares una enorme autonomía y poder político.

Maldivas sufrió una fuerte presión sobre la libertad de expresión y la disidencia en 2017. El asesinato del prominente bloguero liberal Yameen Rasheed tuvo un efecto escalofriante, alentando a la gente a autocensurarse en lugar de hablar en contra del extremismo religioso. Además, se utilizó al ejército para bloquear los esfuerzos de la oposición para destituir al presidente del parlamento, y varios legisladores fueron destituidos por desertar del partido gobernante.

En un lugar brillante para la región, Timor-Leste, una de las naciones más pobres del sudeste asiático, llevó a cabo elecciones justas que llevaron a una transferencia de poder sin problemas. El proceso ayudó a consolidar el desarrollo democrático en el país y permitió que nuevos partidos y políticos más jóvenes obtuvieran escaños en el parlamento.

Limpieza étnica en Myanmar

Myanmar tiene una larga historia de persecución de los rohingya, una comunidad mayoritariamente musulmana de más de un millón de personas que viven en el estado occidental de Rakhine. En agosto de 2017, los militares reaccionaron a los ataques de una pequeña facción armada de los rohingya lanzando una campaña violenta contra civiles que muchos en la comunidad internacional han descrito como limpieza étnica. Over 600,000 Rohingya have sought refuge in neighboring Bangladesh, reporting widespread arson, rape, and mass murder by military personnel.

These horrific events underscored how far Myanmar still is from becoming a democracy. In 2015, voters elected a civilian leadership after decades of military rule. However, under a hybrid political system created by the outgoing regime, the military retains immense power and autonomy. It continues to use brutal tactics to fight multiple ethnic insurgencies, and its campaign in Rakhine State is supported by radical Buddhist leaders who portray the Rohingya as a menace to national unity and security.

Eurasia: Some Doors Open as Others Close

Observers have long speculated about the problems and opportunities posed by presidential succession in Central Asia, where a number of entrenched rulers have held office for decades. In Uzbekistan, speculation turned into cautious optimism in 2017, as the country’s new administration—formed following the 2016 death of longtime president Islam Karimov—took steps toward reform. Among other moves, the government ended forced labor in the annual cotton harvest for some segments of the population, and announced plans to lift the draconian exit-visa regime and make the national currency fully convertible. The new administration has also granted more breathing room to civil society some local groups reported a decrease in state harassment, and a Human Rights Watch delegation was allowed to enter Uzbekistan for the first time since 2010.

In other parts of the region, however, governments sought to stave off change. In Armenia and Kyrgyzstan, heavily flawed voting highlighted the continuing erosion of democratic norms surrounding elections. The dominant parties in both countries relied on harassment of the opposition, voter intimidation, and misuse of administrative resources to maintain a grip on power. In Armenia’s case, the blatant electoral misconduct stands at odds with the country’s pursuit of a closer relationship with the European Union, with which it signed a Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement in November.

Perhaps the most alarming threats to democracy in the region involved authoritarian forces reaching across borders to punish their critics. Exiled Azerbaijani journalist Afgan Mukhtarli was kidnapped in Tbilisi by men who allegedly spoke Georgian, then transported across the border to Azerbaijan, raising concerns that Georgian authorities were complicit in the abduction. In Ukraine, a prominent Chechen couple who were fierce opponents of Vladimir Putin and supported Ukraine in the Donbas conflict fell victim to an assassination attempt that killed one and injured the other. Numerous plots against politicians were also reported during the year, with Ukrainian authorities mostly pointing the finger at Russian security services.

Europe: Right-Wing Populists Win Seats and Reject Democratic Values

Reverberations from the 2015–16 refugee crisis continued to fuel the rise of xenophobic, far-right parties, which gained ground in elections in France, Germany, the Netherlands, and Austria.

Marine Le Pen, leader of France’s far-right National Front, defeated mainstream presidential candidates with her pledges to suspend immigration and hold a referendum on France’s EU membership, though she lost in the second round to centrist newcomer Emmanuel Macron. The Euroskeptic, anti-immigrant Alternative for Germany became the first far-right party to enter Germany’s legislature since 1945, following a campaign in which its leaders demanded the deportation of “large numbers of refugees” and characterized Islam as incompatible with German identity. In Austria, the similarly Islamophobic Freedom Party finished third in parliamentary elections and entered a governing coalition headed by the conservative People’s Party. In the Netherlands, the notoriously xenophobic Party for Freedom chipped away enough support from mainstream parties to finish second, becoming the parliament’s primary opposition group.

In Hungary and Poland, populist leaders continued to consolidate power by uprooting democratic institutions and intimidating critics in civil society. Smears of the opposition appeared in public media in both countries, and both passed laws designed to curb the activities of nongovernmental organizations. Poland’s ruling party also pressed ahead with an effort to assert political control over the judiciary, adopting laws that will affect the Supreme Court, the local courts, and a council responsible for judicial appointments.

Events in the Western Balkans demonstrated a need for continued engagement in the region by major democracies. In Macedonia, mediation by Washington and Brussels helped resolve a years-long political crisis, paving the way for a new, democratically elected government. But in Serbia, EU leaders’ tolerance of Prime Minister Aleksandar Vučić’s authoritarian tendencies allowed him to further sideline the opposition and undermine what remains of the independent media after winning the country’s presidency in April.

Turkey moves to ‘Not Free’

Turkey’s passage over the threshold from Partly Free to Not Free is the culmination of a long and accelerating slide in Freedom in the World. The country’s score has been in free fall since 2014 due to an escalating series of assaults on the press, social media users, protesters, political parties, the judiciary, and the electoral system, as President Recep Tayyip Erdoğan fights to impose personalized control over the state and society in a deteriorating domestic and regional security environment.

Erdoğan has pushed out his rivals and former allies within the ruling party, reshaped media ownership to fit his needs, and rammed through an unpopular constitutional referendum to create a “super-presidential” system without meaningful checks and balances. His response to the July 2016 coup attempt has become a sprawling witch hunt, resulting in the arrest of some 60,000 people, the closure of over 160 media outlets, and the imprisonment of over 150 journalists. The leaders of the third-largest party in the parliament are in prison, and nearly 100 mayors across the country have been replaced through emergency measures or political pressure from the president. The government has even pressed its crackdown beyond Turkey’s borders, triggering a flood of Interpol “red notice” requests to detain critics abroad, among other effects.

Middle East and North Africa: Authoritarian Rule and Instability Reinforce One Another

In a region ravaged by war and dictatorship, Tunisia has stood out for its successful transition to democratic rule after hosting the first Arab Spring uprising in 2011. In 2017, however, earlier signs of backsliding became far clearer: municipal elections were once again postponed, leaving unelected councils in place seven years after the revolution, and figures associated with the old regime increased their influence over the vulnerable political system, for example by securing passage of a new amnesty law despite strong public opposition. The extension of a two-year-old state of emergency also signaled the erosion of democratic order in Tunisia.

Tunisia’s security situation has been undermined by lawlessness in neighboring Libya, where disputes between rival authorities in the east and west have led to political paralysis. Reports of modern-day slave markets were added to other abuses against refugees and migrants stranded in militia-run detention camps. Their captivity in Libya stems in part from an EU-led crackdown on human trafficking across the Mediterranean.

Libya’s problems also pose a threat to Egypt. The authoritarian government of President Abdel Fattah al-Sisi has allegedly supported the anti-Islamist campaign of the de facto government in eastern Libya in order to buttress its own floundering efforts to combat extremist violence, which has extended from the Sinai to touch all corners of Egypt. Rather than reforming its abusive security services and enlisting support from all segments of Egyptian society, however, the regime continued its repression of dissent in 2017 and adopted a restrictive new law designed to choke off international funding for nongovernmental organizations and provide legal cover for their arbitrary closure.

Elsewhere in the region, Iraqi forces declared victory over the Islamic State (IS) militant group in December, and improved security has helped to create space for competition among newly registered parties and candidates ahead of the 2018 elections. IS also lost territory in Syria, but the repressive Assad regime gained ground, and civilians in areas captured from IS by U.S.-backed fighters faced widespread devastation and concealed explosives.

Yemen’s civil war churned on despite a late-year rift in the rebel alliance, leaving some three-quarters of the population in need of humanitarian aid. Small groups of war-weary protesters in Sanaa repeatedly turned out to demand the release of political prisoners and an international response aimed at ending the violence. The Saudi-led coalition supporting Yemen’s ousted government continued its indiscriminate bombing campaign, while in Saudi Arabia itself, Mohammed bin Salman worked to consolidate power after replacing the previous crown prince in June. Among other rapid and opaque decisions during the year, he arbitrarily detained hundreds of princes, officials, and businessmen under the pretense of an anticorruption campaign.

An Arab success story founders in Tunisia

Sharp democratic declines in Tunisia in 2017 threatened to downgrade the only country in the Arab world with a status of Free. Following the ouster of its longtime dictator in 2011, which launched the Arab Spring, Tunisian political factions and civil society worked together to draft a democratic constitution and hold free elections, moving the country from Not Free to Free in just four years. However, the events of the past year indicate that while the international community was quick to praise the country’s achievements, it did not provide enough sustained support and attention. Without careful development and consolidation, the new democracy may not withstand pressure from a resurgent old guard that was never fully dismantled.

Looming problems in 2017 included the continued postponement of subnational elections, the ability of power brokers from the old regime to protect their interests through new legislation, failure to create and fully fund independent bodies called for in the constitution, executive domination of the legislature, and intimidation of the media. If Tunisia continues on its current path, the hard-won gains of 2011 could disappear, and democracy will lose its foothold in a repressive and unstable region.


Education International has encouraged the fifteen education unions in Burkina Faso to take an active part in a multi-partner project aimed at concertedly developing new policies for teachers.

The Norwegian Government is funding a two year programme in four African countries, Burkina Faso, Ghana, Malawi and Uganda, entitled "Strengthening Multi-Partner Cooperation to Support Teacher Policy and Improve Learning".

This programme is coordinated by UNESCO, and includes several stakeholders: UNICEF, the United Nations High Commissioner for Refugees, the International Labour Organization, the World Bank, the Global Partnership for Education, and Education International (EI).

The first round of meetings launching the project in Burkina was held between 4 and 6 June in Ouagadougou. In order to prepare for this, EI had organized two workshops, on the 12-13 April and 30 May-1 June, which brought together all the 15 unions making up the CNSE (Coordination nationale des syndicats de l’éducation).

Social dialogue is greatly needed

The education unions were not initially invited at any time to contribute in terms of analysis and proposals to either the State Report of the National Education System (RESEN), published in 2017, or the Sector Education and Training Program (PSEF) 2018-2030. As a result of inter-union action which started on 5 October 2017, the CNSE signed a Memorandum of Understanding with the new minister last January.

Subsequently, a round of bilateral meetings has been put in place to bring the MoU into effect, a fairly encouraging indication as regards prospects for permanent dialogue. Moreover, certain measures in this MoU were included in the PSEF, such as a focus on children from the poorest families, who now have priority in benefiting from scholarships.

The MoU’s flagship measure, the adoption of a status which recognises the value of teachers, is still a subject of negotiation. In fact expectations at the grass roots are high and they could increase the pressure if the anticipated measures do not match demands.

Unions: expertise and a source of proposals

At the workshops organised by EI, participants did some very thorough work on the action plans included in the PSEF as regards the three themes of access, quality, and guidance. A mastery of the issues discussed, is an indispensable first step in any quality social dialogue, but the unions’ task is made more difficult because there is no law which provides members for time off work on trade union duties.

At the meeting organized by the Ministry and UNESCO, attended by representatives from the world of education, the Burkina Faso unions very clearly expressed their great interest in this project which offers to support the development of a policy for teachers.

"I think this is a good project because it puts the focus on teachers, so that learners can benefit", was the analysis of Anatole Zongo, Secretary General of the Syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur.

The unions have indeed shown that they were tackling this multi-partner work with an open mind and with the intention of putting forward proposals that are closely linked to the situation in the field. They emphasised the importance of a judicious and transparent use of the resources available.

“This project is a test for assessing the real willingness of the Ministry to engage in dialogue with the unions on a permanent basis”, is the view of EI’s Coordinator, Florian Lascroux. EI will, for one year, organize training workshops, and workshops covering all activities likely to strengthen the CNSE unions, in order to enable them to fully play their part in representing the profession to the authorities.

EI’s Coordinator, Jefferson Pessi, insists on the fact that "this type of initiative, aimed at involving unions in the development and implementation of education sector plans, by forging a link between general policy objectives and their implementation for teachers, is fundamental to strengthening the trade union movement".


ReliefWeb

Since 2018, the sharp deterioration of the Burkina Faso security situation has led to a serious worsening of the humanitarian situation, including massive population displacement, particularly affecting the Sahel, Centre -Nord, Nord, Est, Centre-Est and Boucle du Mouhoun. Further escalation was observed in 2020 and spilled over in 2021, with a greater toll on human lives and on vulnerable populations.

As of March 2021, over 1.14 million people have been displaced and new displacements are reported on a daily basis. The unprecedented humanitarian emergency has left over 3.5 million people in need of humanitarian assistance &ndash according to the 2021 Humanitarian Response Plan. Health services, schools and markets have been closed due to growing insecurity in several parts of the country, seriously affecting the population&rsquos ability to sustain their livelihoods and healthy living standards. Across the country, over 300 health centres are closed or operate at a minimum, depriving 822,000 people of access to services over 2,200 schools have closed, affecting 316,000 children having lost access to education. COVID-19 and its impact on market dynamics and remittances from the diaspora added another layer of vulnerability to an already fragile ecosystem.

Widespread insecurity has reduced humanitarian access in Burkina Faso over the last 2 years. Humanitarian actors are also targeted by non-state armed groups (NSAGs) trying to prevent the delivery of humanitarian assistance. During 2020, food intended as either general food assistance or as part of school feeding programmes has been stolen by NSAGs. While this represents a limited percentage of all distributions, it remains an additional challenge to assist those in need.

In 2020, the deterioration of the security situation, high levels of displacement and floods severely affected agricultural productivity in specific areas of the country affected by the volatile security situation. In these areas, a decline in agricultural production of between 20 and 50 percent was observed compared to previous years. This led to the early depletion of household stocks, increasing the dependence of internally displaced populations (IDPs) and host populations on markets and humanitarian assistance. While cereal production at national level is expected at 16 percent above average (5-year period), some provinces in the northern and eastern regions of the country face production deficits from 19 to 38 percent compared to their usual production rates, as households have less access to fields due to insecurity and the displacement of populations. All the above factors have had a negative incidence on the evolutions of prices of cereals in the last years. 2021 prices are projected to increase significantly following a similar trend to 2011/2012 and 2017/2018 &ndash food crisis years in Burkina Faso. This will have negative repercussions on the lives of majority of population living in Burkina Faso, who rely on such key staples as a means of subsistence.


Ver el vídeo: Burkina faso, OPTIMISATION DES RECETTES


Comentarios:

  1. Derwin

    Confusión.

  2. Zaiden

    ¿Es esta su plantilla estándar de WP o la ordenó en algún lugar? Si no es estándar, ¿puedes decirme dónde dibujar algo lindo?

  3. Misbah

    Decir detalles ..

  4. Gabriel

    es obvio, no te equivocaste

  5. Gogarty

    Confirmo. Me una de todo lo anterior. Intentemos discutir el asunto. Aquí, o por la tarde.

  6. Toran

    Buena pregunta



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